¿Cómo ciudadano qué tan legal es tu actuar?
Por: Walter Betancur
Concejal de Itagüí
Lunes 14 de septiembre de 2020
En Colombia escucha uno diariamente sobre casos de ilegalidad, corrupción y otros hechos que son promovidos por aquellos que lo cometen como por aquellos que los conocen y deciden callarlos. La ‘cultura de la legalidad’ es una asignatura de bajo desempeño, por la cual el gobierno de Iván Duque ha tratado de mejorar y sobre la cual ha realizado múltiples esfuerzos por combatir. Sin embargo, en muchos de los municipios del país este hecho no parece trascendental, lo cual dificulta el proceso para el Estado, debido a que no cuenta con la articulación transparente de varias alcaldías y ciudadanos para alcanzar la meta. Situación que no se ha hace indiferente en nuestro municipio, Itagüí aparenta estar sustentado bajo una política confiable, justa y defensora de lo público, lo cual se pone en duda por aspectos clientelares que lo ponen en ojo público en la mayoría de veces.
Mostrar cifras y argumentos positivos desde la Alcaldía municipal parece fácil cuando se trata de trabajarle a la imagen reputacional de dicha administración, y es mucho más llevadero cuando se cuenta con una secretaría de comunicaciones con exuberantes contratos a terceros para ayudar a manejar dicha imagen. Así lo sostiene el artículo “Los contratos y las relaciones políticas de la empresa “más de buenas” de Itagüí, Antioquia” en la página web de La Oreja Roja. Según la Alcaldía “Itagüí tiene el mejor Índice Integral de Legalidad del país” Esto lo sustentan de acuerdo a resultados entregados por la Procuraduría General de la Nación, y con una puntuación de 89,1 a nivel nacional y departamental, la Alcaldía de Itagüí ocupó el primer lugar en el Índice Integral de Legalidad –INTEGRA 2.0 “Este instrumento evalúa la capacidad del municipio para prestar su servicio, atender emergencias y conflictos, para identificar las fortalezas y debilidades administrativas, medir la probabilidad de cumplimiento normativo y motivar el acompañamiento preventivo de las más de 9.000 entidades públicas del país, en aras de corregir los errores y evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos” afirmó la entidad. Ahora, esto suena maravilloso y desearía que dichas cifras se vieran enmarcadas en la realidad de cada uno de los habitantes del municipio, también es cierto que muchos de los aspectos de corrupción no son medibles en materia de percepción de ciudad, además que medir el impacto de dichos hechos en materia de intervención de programas es casi imposible cuando no hay una real inversión en materia de tejido social y cuando no nos hemos educado para hacer la cosa bien, con legitimidad.
Es entonces, que nuestro municipio se ha visibilizado por lo que aparenta ser y por lo que en realidad es. Según el artículo académico “Itagüí: violencia estatal y violencia narco paramilitar. Una reflexión desde lo municipal sobre el monopolio de la violencia legitimada del Estado” de Johnatan Andrés Soto Aguirre, antropólogo de la Universidad de Antioquia y texto el cual fue aprobado el 3 de febrero de 2020 argumenta que: “No puede obviarse que tal coexistencia no tiene por qué traducirse en una contradicción o confrontación total. Pueden hallarse trazas de coincidencia estructural entre agentes ilegales y Estado. El orden social, político y económico en el que conviven les es favorable a ambos: un escenario jerárquico, de libre mercado, en el que la liquidez que hace circular el narcotráfico en lo municipal apacigua las demandas sociales y al mismo tiempo reduce las obligaciones del Estado local, permitiendo que las élites municipales no sientan amenazado su lugar y que el orden social imperante perdure, y en el que los ejercicios coercitivos de ambos actores cohabitan en escenarios híbridos de legalidad-ilegalidad.”
Por ello, más allá de la ilegalidad criminal está el reto de identificar el conjunto de poderes particulares y analizar cómo se combinan para crear estructuras específicas de dominación, tal cual pasa en nuestro municipio. Hechos reflejados en aspectos como: quitarle oportunidades que por mérito merecen algunos ciudadanos para darle los mejores cargos a los más conocidos, a quien por amistad se lo han ganado. Hechos que inconforman a la comunidad y con justa razón, tal como: aumento de apuestas ilegales que llenan los rincones de nuestro municipio, Itagüí donde el transporte informal va en creciente. Itagüí donde la gente muere en el olvido, Itagüí uno de los municipios con más industria y donde se presenta un número considerado de empleos informales. La ciudad que aprueba y tiene la mayoría de empresas que no cumplen las reglas normativas y legales para su funcionamiento. Una ciudad donde los barrios aprueban a los combos delictivos más que la fuerza pública, donde el medio ambiente y los temas de promoción en salud y materia ambiental no han sido centralizados. Acá donde la gente tira sus colchones a las quebradas, un municipio donde sus funcionarios piden coimas para retirar los escombros. Un municipio donde el tránsito no tiene ningún valor, donde aún no se diferencia entre la delgada línea de legalidad e ilegalidad. Realidades de las que normalmente nos quejamos, pero a la hora de ejercer el derecho al voto decidimos seguir en lo mismo, porque nos han comprado o porque nos han vendido la gran pantalla de que tendremos muchas oportunidades bajo la siembra del miedo.
Tristemente, la culpa no es toda de la política o de la administración, gran parte es de nosotros como ciudadanos que aún no entendemos el concepto social de transparencia y honestidad. Hemos acarreado con la doble moral como costumbre, nos gusta señalar sin dar la mínima solución, sin tener la conciencia real de lo que podemos mejorar, queremos que el cambio lo hagan los otros, pero no queremos mover el dedo para contribuir. En conclusión, Itagüí vive bajo el ahogo del pantano de la ilegalidad y nos permitimos nadar en él como si se tratara de unas vacaciones cortas camufladas de desigualdad social, donde vemos la corrupción del político, pero no la de nosotros los ciudadanos (que quizá es peor), por el hecho de callar, de aplaudirlo cuando nos beneficia. NO queremos asumir las infracciones y preferimos darle dinero al agente de tránsito, creemos que sobornando nos ahorraremos penas máximas, y lo vemos tan normal, creemos que no somos corruptos.
Al final, sólo nos queda guardar la esperanza de que algún día queramos crecer juntos como sociedad, con transparencia y legalidad.